El fiscal más poderoso de la historia del país tiene 53 años, cuatro hijas, y un estilo enérgico de defender sus convicciones con la oratoria. Jorge Díaz -así se llama- es la cara más visible de la Fiscalía General de la Nación desde 2012. A un año de dejar el cargo asegura que no continuaría al frente si pudiera ser reelecto. Es más, cree que una década es mucho tiempo para un fiscal de Corte con el nuevo sistema acusatorio del proceso penal.
Cuando le tocan el tema -el CPP vigente desde noviembre de 2017- saca pecho. O para hablar con el término futbolístico que eligió en la charla: se permite “pizarrear” y decir a quien lo quiera escuchar: ¿Vieron que no era pro-delincuente? Díaz asegura que las cifras que ha dejado el Código del Proceso Penal a tres años de su entrada en vigor “destrozan el relato” que “una murga afiatada” repetía un día sí y otro también señalándolo como benigno con la delincuencia. Él, tozudo y confiado, hoy se jacta de su victoria. Otra discusión es si está bien o mal que haya 2.000 presos más que cuando entró a funcionar el CPP. Díaz se suma al debate encantado: cree que debe haber medidas alternativas a la prisión, pero con vigilancia real, porque si no, es impunidad.
Jorge Díaz -hincha de Wanderers, otrora un lateral meritorio, quien ejerciera como abogado por muy poco tiempo- se ríe en voz alta cuando se le recuerda que el ex presidenciable Gustavo Salle señala que su jefe es el presidente de la República. “Los fiscales tienen independencia técnica y la Fiscalía la tiene. Lo que pasa es que la teoría conspirativa en Uruguay paga. Yo digo que Fulano es corrupto, y lo denuncio por corrupción. Como yo digo que es corrupto, es corrupto, y no admito pruebas en contrario. Y si después la Justicia lo absuelve, entonces la Justicia es corrupta por absolver a aquel que es corrupto. Cuando tú te erigís en el censor moral de la nación, y bueno, tenés un problema con el psicólogo”, sostuvo.
Díaz entiende como parte de las reglas del juego que legisladores de Cabildo Abierto hayan pedido su renuncia. Entiende que la relación de la Fiscalía con el sistema político es “naturalmente tensa”, y con el nuevo sistema acusatorio, su rostro ganó en notoriedad y responsabilidad.
Cuando deba dejar el cargo, en un año, asumirá como abogado, y leerá más novelas policiales.
-¿Qué quería ser de chico cuando fuera grande?
-Fui cambiando… en algún momento pensé en ser arquitecto, después pensé hacer Ingeniería, de hecho. hice quinto científico, y después tuve una cruz de caminos entre Economía y Derecho, y terminé haciendo Derecho. Más allá de alguna crisis vocacional puntual, hoy por hoy no podría hacer otra cosa que no fuera abogado.
-¿Y cuándo se le despertó la vocación por la judicatura?
-En determinado momento de la carrera un profesor, que era juez, me dijo: “Usted tiene madera de juez, porque siempre que se discute un caso, usted se pone en una postura imparcial, no se pone de un lado o del otro, sino que pretende resolver el caso desde un punto de vista objetivo”. Me lo dijo al pasar, pero eso me quedó. Fue en Penal 2, el profesor (Milton) Cairoli, y ese fue el primer síntoma que tuve. Poco a poco, esa vocación por la judicatura se fue afianzando. Incluso, ingresé apenas recibido como juez, prácticamente no ejercí como abogado.
-La Fiscalía General de la Nación presentó un informe con sus números a diciembre de 2020, que marcan un crecimiento sostenido en la cantidad de imputaciones desde la puesta en vigencia del Código del Proceso Penal (CPP) en noviembre de 2017. El documento destaca que se lograron imputaciones del 6,9% de las denuncias que fueron presentadas. No parece ser un porcentaje alto, ¿o lo es?
-Es un porcentaje alto en comparación con el porcentaje histórico en Uruguay. Históricamente, en el sistema inquisitivo, el promedio más alto era de 5,2%. Por lo general, era 4,5 o 5% de noticias aclaradas. Acá estamos hablando de denuncias con imputados conocidos e imputados desconocidos. A nivel internacional, cuando uno maneja estas cifras, se toma como indicador aquellas denuncias con imputados conocidos, donde ahí naturalmente los porcentajes tienen que ser más altos. Pasa que acá estamos incluyendo la denuncia de un robo de celular de una persona que no sabe si lo perdió en el ómnibus y se anota como hurto, y tampoco son todos los casos que se investigan. Cualquier otro corte que hagamos (de denuncias con imputados conocidos o determinadas denuncias que entran efectivamente a investigarse), los porcentajes son más altos. Esta cifra (6,9%) es el porcentaje histórico más alto.
-¿Por qué era urgente la reforma judicial a fines de 2017, y así pasar de un sistema inquisitivo a uno acusatorio?
-Urgente era porque éramos el último país de América Latina que no había hecho la reforma. El mundo entero camina de los sistemas inquisitivos a los sistemas acusatorios. ¿Por qué? Porque son sistemas más garantistas -separan la función de juzgar de la función de acusar- y en el sistema inquisitivo la función de juzgar y de acusar la tiene el mismo sujeto. Ese sujeto que investiga y luego juzga deja de ser imparcial porque interactúa con los hechos objeto de la investigación antes del juicio. Y por esa misma razón, por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos ha anulado fallos de la justicia belga. En el caso Bélgica vs. Piersack y en Bélgica vs. Cubber, por ejemplo, fueron dos casos que se llevaron ante la Corte Europea de Derechos Humanos, y el tribunal europeo dijo que “si un juez participó de alguna manera en la investigación o interactuó de alguna manera con los hechos objeto antes del juicio, deja de ser imparcial”. Nosotros en el sistema anterior interactuábamos, hacíamos la investigación, y luego dictábamos una sentencia sobre nuestra propia investigación. Entonces no había igualdad de armas entre la acusación y la defensa.
El sistema acusatorio lo que permite es que un representante del Estado, que es el fiscal, investigue y acuse, el acusado se defiende y otro funcionario estatal ajeno, que es el juez, resuelve el conflicto. Ahí recién tenemos la imparcialidad del juez. En el Uruguay siempre analizábamos la imparcialidad del juez pensando: “El juez deja de ser imparcial si es pariente, amigo o enemigo de alguien de la causa”. Esa es la imparcialidad subjetiva. Olvidábamos la imparcialidad objetiva, que es que debe necesariamente no haber interactuado con los hechos que luego tendrá que juzgar. Y eso se logra con este cambio (el CPP de noviembre de 2017). Es más garantista, es más eficiente a la luz de los números y es hacia donde va el mundo entero.
Teníamos otras cuestiones que hacían imperiosa la reforma: nosotros teníamos el 70% de los privados de libertad con medida cautelar, es decir sin sentencia ejecutoriada de condena. Ese número era inaceptable a nivel internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había observado a Uruguay en el Caso Peirano por la utilización excesiva de la prisión preventiva. Era imprescindible el cambio, y en eso había consenso en toda la doctrina, en toda la academia.
