A finales de febrero y principios de marzo llegarán las primeras dosis de las vacunas de Pfizer-BioNTech, Sinovac y AstraZeneca/Oxford, esta última mediante el mecanismo COVAX.
El tema generó un debate entre oficialismo y la oposición, que reclamó por las demoras en la puesta en marcha y el retroceso que significó el último decreto en cuanto a los valores establecidos para los alimentos.
Para evitar estos cambios de criterio provocados por las firmas de decretos sucesivos, el Frente Amplio decidió en la reunión de su bancada de Diputados impulsar una ley que regule el etiquetado.
“El etiquetado de alimentos y los entornos alimentarios deben ser parte de una política pública que focalice en temas de salud de la población, que por su importancia no puede sufrir los vaivenes de los gobiernos de turno y no puede regularse por decreto del Poder Ejecutivo”, dijo la legisladora Cristina Lustemberg.
Van casi tres años desde que se impulsó el primer decreto sobre el etiquetado frontal de alimentos. En 2018 el Gobierno de Tabaré Vázquez firmó un decreto que entraba en vigencia el primero de marzo de 2020, a fin de dar tiempo a la industria a adecuarse a los cambios. Diez días después de cumplido ese plazo, el Gobierno actual otorgó una prórroga a la entrada en vigencia con la idea de revisar el decreto.
En setiembre de 2020 surgió finalmente el nuevo decreto, con los límites iguales a los que utiliza Chile en la última etapa de su ley (país que lo hizo en forma progresiva) y que tenía entrada en vigencia para el 1 de febrero de 2021. A finales de enero de 2021, tres días antes de comenzar a regir, surgió otro decreto que funciona a modo de prórroga debido a las demoras en su instrumentación.
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