Más de un millón y medio de personas están habilitadas para votar este domingo 28 de noviembre. Los uruguayos deberán concurrir de forma obligatoria a elegir las nuevas autoridades del Banco de Previsión Social (BPS).

Deberán sufragar los jubilados y pensionistas, trabajadores activos públicos y privados mayores de 18 años al 28 de febrero de 2021 y las empresas contribuyentes. El horario es a partir de las 08:00 y se extenderá hasta las 19:30.

La Corte Electoral había informado que se “exceptúa de la obligatoriedad a los afiliados con 75 años cumplidos a la fecha de la elección y a los que, cualquiera fuere su edad, fueren titulares de prestaciones por incapacidad servidas por el Banco de Previsión Social”. En el caso de las empresas unipersonales, “se exceptúa de la obligatoriedad a los titulares con 75 años cumplidos al día de la elección y a los que, cualquiera fuere su edad, fueren titulares de prestaciones por incapacidad servidas por el Banco de Previsión Social”.

En el caso del sector trabajadores, el PIT-CNT concurre con la lista 11 que lleva como candidato a Ramón Ruíz, actual integrante del Directorio del BPS. Por el movimiento Un Solo Uruguay se presenta Luis Lisboa, encabezando la lista 16.

Por el orden empresarial hay dos listas: la 22, encabezada por Marcelo Ríos y que cuenta con el apoyo de la mayoría de las gremiales empresariales, y la 26, impulsada por Un Solo Uruguay y que lleva a José Pereira, presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado.

En el orden de Jubilados y Pasivos se presentan dos listas. Sixto Amaro, actual representante de los pasivos en el BPS, va por la reelección con el apoyo de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas de Uruguay (Onajpu), mientras que Un Solo Uruguay presenta la candidatura de Virginia Vaz.

Para los jubilados y pensionistas que no voten serán de una multa igual a la de no haber votado en las últimas elecciones nacionales.

Según la Corte Electoral, las multas por no haber sufragado en las nacionales fueron de $1.200 o $2.400 si el ciudadano revestía la calidad de funcionario público o era profesional universitario.

En el caso de los trabajadores se le aplicará una multa igual a la de no haber votado en las últimas elecciones nacionales y, en caso de no pagarla, su empleador será responsable solidariamente. A las empresas que no designen un mandatario o, habiéndolo designado, no concurran a votar, se les aplicará “una sanción de 6, 12 o 20 UR, según la cantidad de trabajadores dependientes, sin importar su naturaleza jurídica”.